La laxa regulación mexicana permite que empresas europeas se desentiendan de sus desechos tóxicos, que provocan enfermedad y muerte en la población local y ecocidio en sus ríos. ONGs alemanas presionan por un cambio.
“Nuestro río era bien limpiecito, cuando no teníamos que comer, íbamos a pescar, traíamos pescados grandes. Había muchos pescaditos, acocil, charalitos”, dice Crecenciano Méndez Reyes, habitante de Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala.
“Era donde se reunían las mujeres, donde mi madre nos alimentaba. Aquí tomábamos agua, nos bañábamos, y se sacaba la arena para la construcción de las casas. Era vida y armonía. Ahora es un río muerto, ya nadie se quiere acercar”, dice por su parte Isabel Cano Flores, de la misma comunidad.
Los testimonios con los que comienza un documental difundido a principios de año titulado “Nos están matando. Agua, salud y medio ambiente en el Río Atoyac, Tlaxcala”, coinciden con lo que encontraron 30 observadores políticos de alto nivel durante un recorrido por seis estados de la República Mexicana. En el llamado “Toxi-Tour” participaron eurodiputados y representantes de organizaciones de la sociedad civil alemana y de otros países, entre ellos, el toxicólogo alemán Peter Clausing, de la organización Pestizid Aktions-Netzwerk.
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